El asesinato del abogado y excandidato a diputado Percy Ipanaqué Navarro en Piura es mucho más que un crimen de sicariato. Es la prueba de sangre de que la corrupción en el norte del Perú ha pasado de robar dinero a cobrar vidas con total impunidad. Este intento de silenciar, ejecutado con siete balazos, golpea la cara de todos los peruanos y confirma la peor sospecha. El crimen organizado no puede actuar sin la complicidad de las autoridades.
Ipanaqué no fue asesinado por una disputa sindical menor. Él fue atacado por atreverse a decir la verdad. Pocos días antes de su muerte, el letrado había advertido públicamente que los crímenes en Piura no eran solo pleitos entre gremios, sino que detrás de la ola de sangre estaban los «intereses de empresarios y autoridades» vinculados a la ejecución de obras públicas.
La corrupción de las autoridades no solo les roba la plata a los peruanos con arreglos y licitaciones a dedo, esa plata es la que financia las balas de los sicarios. Las mafias que operan en las obras públicas necesitan un brazo armado para eliminar a quien se interponga.
El abogado pidió acción firme a la Policía y alertó directamente sobre los vínculos criminales y , después de esa denuncia, fue asesinado a plena luz del día. La conclusión es aterradora: las autoridades a las que le pedía ayuda está tan inmersa en la red criminal que son incapaces de proteger a los ciudadanos.
Cualquiera en el norte que quiera defenderse del crimen organizado y que exija paz en sus calles, corre peligro. El caso de Percy Ipanaqué es un llamado de atención a todo el Perú. Mientras la corrupción política siga haciendo «arreglos» con los fondos públicos, la inseguridad y el sicariato seguirán siendo el brazo ejecutor de una mafia criminal que no tiene miedo de mancharse las manos de sangre. La sangre derramada en Piura es el precio que se paga por la incapacidad y la traición de nuestras autoridades.