En lo que va del año, más de 20 lambayecanos han sido cruelmente asesinados. En Pataz, 4 de los 13 masacrados fueron vecinos nuestros, hijos de nuestra casera, padres de algún niño que compartía colegio con nuestros bebés, compadres de alguien cercano a nosotros. Ellos no han sido víctimas de la delincuencia, sino del terrorismo.
Y no solo los caviares en el Congreso ponen trabas al respecto (como Susel Paredes), sino que el propio Ministerio Público, los fiscales que liberan delincuentes, han vuelto a atentar con nuestra seguridad: desactivaron fiscalías antiterroristas en varias regiones del país y las han reemplazado por oficinas de derechos humanos. Dejarán de perseguirlos, y ahora comenzarán a protegerlos.
La gestión de la fiscal de la Nación, operadora caviar y protegida de Gustavo Gorriti, cada vez más criticada, ha desactivado una fiscalía especializada en combatir el terrorismo en el Vraem y Ayacucho, no solo peligrando contra la lucha que por muchos años se afianzó en el país, sino que nos pone en alerta a todos en el país.
Ya no existe esa lucha frontal, se archivan los proyectos de ley contra el terrorismo urbano, se eliminan las fiscalías especializadas. Y algo debemos hacer.
Se necesitan tomar medidas excepcionales, como una reforma total del sistema de justicia, el cual ha sido totalmente tomado por los caviares, pues no hay que olvidar que hasta Gorriti tenía su oficina en el Ministerio Público. Expulsar a todos esos fiscales y jueces que han trabajado mano a mano con la delincuencia y poner buenos elementos que generen un cambio.
Tenemos que exigirlo, es hora de un cambio de ciclo.