Durante años, a miles de familias peruanas se les ha vendido el REINFO como una esperanza, pero hoy debemos decir que se ha convertido en una trampa de arena movediza. El minero informal no es un delincuente, es un emprendedor que trabaja en las entrañas de nuestra tierra, que mueve la economía local y que, por encima de todo, quiere ser formal. Sin embargo, el Estado le ha fallado sistemáticamente.
La reciente prórroga hasta diciembre de 2026 no es un triunfo para el minero artesanal, es solo estirar un limbo jurídico que le impide sacar un préstamo, comprar explosivos legalmente o dormir tranquilo sin el miedo de ser perseguido por una ley que no le da herramientas para cumplirla.
El verdadero problema es que el Estado enemigo castiga la voluntad de cambio. Muchos mineros llevan años inscritos en el REINFO, cumpliendo con declaraciones juradas y asistencias técnicas, pero siguen sin tener la seguridad jurídica sobre la tierra que trabajan. Sin un contrato de explotación real o una concesión propia, el minero está atado de manos, trabajando para terceros o bajo la sombra de la ilegalidad administrativa.
El «sueño del 2026» debe ser acabar con esta persecución injusta. Necesitamos que la Ley MAPE no sea solo un papel más, sino un mecanismo que libere las concesiones ociosas, y las entregue a quienes ya las trabajan responsablemente. Necesitamos una Reforma Mineral total que simplifique los trámites y que vea en el minero artesanal a un socio estratégico del desarrollo nacional, no a un enemigo.
Llegamos al cierre de este año con un llamado a la unidad de las familias mineras. No podemos conformarnos con más prórrogas que solo sirven para que los políticos ganen tiempo mientras el minero sigue en la precariedad. El 2026 tiene que ser el año de la independencia minera donde el acceso al crédito, la tecnología y la comercialización directa, sin intermediarios abusivos, sean una realidad.
Formalizar es dar poder a la gente que produce, es permitir que ese oro y cobre que extraen con sudor sirva para construir colegios y hospitales en sus propias comunidades. Es hora de una solución definitiva que saque a cientos de miles de peruanos de la sombra y los integre con orgullo a la economía formal del Perú. ¡Basta de parches, queremos propiedad y respeto!