Como profesor que ha dedicado su vida a la formación de jóvenes, hoy escribo con una indignación que me quema. Mientras nosotros nos esforzamos por exigir excelencia académica y ética a nuestros alumnos, en las altas esferas del poder se cocina un atentado contra la calidad educativa.
Este miércoles 24 de diciembre, en plena víspera navideña y aprovechando que el país está distraído, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) pretende consumar una designación que huele mal desde lejos. Quieren poner a Susana Paredes Díaz como superintendenta definitiva.
¿Por qué es esto un problema? Porque no es solo una cuestión de currículum, es un conflicto de intereses del tamaño de una catedral, porque la señora Paredes es, en cuerpo y alma, una extensión del imperio de César Acuña.
El desarrollo de esta situación es de terror para cualquier académico serio. Susana Paredes no solo es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 2013, sino que ha ocupado cargos directivos y de confianza en la Universidad César Vallejo (UCV) durante años. Estamos hablando de alguien que fue parte del aparato de una universidad que la SUNEDU debe fiscalizar. Una universidad que, recordemos, ya fue sancionada por prestarle 20 millones de soles de manera irregular al partido de su dueño.
El ascenso de Paredes ha sido sospechosamente rápido. De representante del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) a presidenta del Consejo y ahora a la superintendencia.
¿Cómo va a fiscalizar objetivamente a la UCV si su lealtad está con quien le dio trabajo y carrera política? Es como poner al lobo a cuidar el gallinero justo cuando Acuña planea una expansión nacional de sus universidades para el 2026.
Escribo esta carta con el corazón roto por nuestra institucionalidad. La SUNEDU, que debió ser un ente técnico y autónomo, se ha convertido en el trampolín político de la «mafia de los títulos». No es solo Paredes; tenemos a miembros del Consejo Directivo candidateando al Congreso y al Senado por APP y otros partidos mientras ocupan sus cargos. Es una captura institucional en toda regla.
Como profesores, no podemos callar. El futuro de millones de estudiantes no puede depender de las ambiciones de un partido que ve la educación como un negocio electoral. El Perú necesita autoridades académicas, no operarios políticos de Acuña. Si permitimos que el «plata como cancha» se adueñe de la supervisión universitaria, habremos sentenciado a muerte la calidad educativa en nuestro país.