En Ayabaca, Piura, el alcalde provincial Darwin Quinde Rivera fue azotado públicamente por las Rondas Campesinas de Hualcuy. Doce latigazos para él y dos funcionarias, frente a su pueblo por incumplir las promesas de obras que hicieron en campaña y nunca cumplieron.
Lo ocurrido es el reflejo de un país que ha perdido toda confianza en sus autoridades. Las rondas campesinas, que alguna vez creyeron en la justicia institucional (en el alcalde, en el gobernador, en el Congreso, en los jueces) hoy entienden que nadie responde, nadie cumple y nadie escucha.
Y cuando la autoridad se convierte en sinónimo de impunidad, el pueblo busca justicia con sus propias manos.
En Ayabaca, la gente espera resultados. Y frente a la indiferencia, volvió a un mecanismo que sí conoce: el castigo directo, el que aprendieron en los años más duros, cuando el Estado no existía y la ley se aplicaba a látigo y vergüenza.
Puede sonar brutal, pero es real: la inoperancia, la mentira y el abandono nos están haciendo retroceder un siglo en la forma de impartir justicia. No porque el pueblo quiera, sino porque las autoridades corruptas e inútiles que tenemos lo obligan a hacerlo.
El Perú del 2025 no debería estar viviendo esto, pero lo está. Porque mientras en Lima los corruptos se blindan con leyes, viajes y privilegios, en el interior la gente castiga con lo único que le queda: su dignidad y su rabia.
Las Rondas de Hualcuy no solo azotaron a un alcalde, azotaron el símbolo del poder vacío y mentiroso que domina al país.