La corrupción en el Perú no conoce límites. Ahora a los políticos ni siquiera les basta con esconderse detrás de empresas fantasma o contratos irregulares, sino que son capaces de usar a los más vulnerables para proteger sus propios intereses.
Un adulto mayor, dedicado a la venta de golosinas, apareció como gerente general de una empresa inmobiliaria vinculada a la congresista María Acuña, hermana del Gobernador Regional César Acuña. Este humilde hombre de la tercera edad, que solo busca ganarse la vida honradamente, fue convertido en el ejemplo de un engranaje político que juega con la dignidad humana.
La información difundida revela que este adulto mayor figura como responsable legal de una compañía establecida en Chiclayo, y que en realidad, tiene una deuda de más de 3 millones de soles con la SUNAT y enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de fraude y denuncia calumniosa. Esto no es casualidad ni error administrativo. Es la forma en que los políticos se protegen, usando personas inocentes como escudo mientras siguen manejando negocios en las sombras.
El caso es una radiografía del sistema político podrido que padecemos. Congresistas que hablan de transparencia y de moral, pero que en los hechos utilizan a ciudadanos indefensos para encubrir su red de corrupción. El resultado sigue siendo políticos blindados, y ciudadanos expuestos a responsabilidades que no le corresponden.
Un cambio de ciclo significa acabar con estas prácticas infames. No podemos permitir que los políticos sigan convirtiendo a personas humildes en víctimas de su corrupción. El Perú necesita limpiar su política de quienes se sirven de los más débiles para seguir en el poder.