En el Perú, llegar al Congreso no exige experiencia laboral, estudios sólidos ni un historial limpio. Puedes arrastrar denuncias, procesos judiciales e incluso acusaciones de corrupción y aun así convertirte en congresista sin que nadie se escandalice. Pero si eres empresario minero, la historia es distinta. Basta con que tu nombre aparezca en el sector para que te lancen todo tipo de ataques y sospechas, como si producir y generar empleo fuera el verdadero pecado.
Titulares escandalosos, frases armadas y acusaciones que, en el fondo, no buscan sanear el sector, sino reforzar el prejuicio de que todo lo “informal” es criminal. Así, se oculta el verdadero problema: un sistema diseñado para proteger a las grandes concesiones ociosas y asfixiar a los pequeños mineros que sostienen la economía regional.
El caso del congresista convertido en el nuevo presidente de Comisión de Economía es hoy el nuevo tema para ese discurso. Diferentes medios lo acusan de falta de transparencia ya que en sus empresas han operado mineros informales inscritos en el Reinfo.
La otra cara de la moneda muestra a personajes vinculados a la política, partidos y candidaturas que no dudan en aprovechar la difícil situación de los mineros informales para alimentar sus propios intereses. Ahí está el caso de José Luna Gálvez, candidato presidencial, acompañado de su operador Cristián Rosas, quien bajo la fachada de pastor evangélico ha incursionado en la política y se ha convertido en uno de los principales agitadores de marchas violentas, usando el descontento como combustible para su propia agenda.
Mientras tanto, el proyecto de ley que permitiría al Banco Central de Reserva comprar oro a la pequeña minería y a la artesanal sigue pendiente, y miles de mineros quedan al margen, sin crédito y vulnerables a mafias y extorsiones. La pregunta es: ¿quién gana con mantenerlos en esa condición? Sin duda, los que hoy tienen el control, como la Sociedad de Minería, Petróleos y Energía, que parece una dependencia de la mafia caviar y de los propietarios de grandes concesiones.
Es hora de separar la paja del trigo. Si hay corrupción o abuso, que se investigue y sancione. Pero que no se use cada caso como excusa para seguir golpeando al minero informal, que es el que produce, resiste y quiere salir de la sombra.