Tras el asesinato de trece trabajadores en Pataz, entre ellos cuatro lambayecanos, en territorio perteneciente a la minera Poderosa, inmediatamente se implementaron medidas de alta seguridad. Entre estas, se inició una investigación para identificar responsabilidades, razón por la cual el alcalde de Pataz exigió incluir también a la minera.
Inicialmente, la investigación sólo contemplaba organizaciones criminales, comunidades locales y presuntos sospechosos, excluyendo a Poderosa. ¿Qué están ocultando?
¿Por qué se rehúsan a revelar a quién venden el oro? ¿Por qué no muestran los contratos con los mineros artesanales? ¿Por qué no han facilitado la formalización de tantas familias mineras que operan en esas tierras desde hace siglos?
Para descubrir la verdad, muchos aspectos deben esclarecer; estos actos terroristas no pueden quedar impunes. Si no se investiga a todos los involucrados, no habrá justicia. Las familias seguirán viviendo con miedo. Las comunidades continuarán en peligro.
Investigar a medias es proteger a alguien, y cuando se protege al poderoso, se abandona al pueblo. Todas las voces deben ser escuchadas, y solo existirá verdadera justicia cuando se erradique la impunidad.